Los estudios de un condenado hacen a las tareas de resocialización que el Estado argentino debe cumplir, siguiendo los parámetros de derechos humanos. Actualmente se considera que una persona que ha cometido un hecho criminal y ha sido juzgada y condenada no pierde sus derechos y que las metas de resocialización se deben dar mediante acciones positivas. Esto no es solamente enfocado en un caso, sino que todo el universo de personas condenadas debieran tener estos derechos.
Entonces, que se avance en Tucumán y en Argentina en convenios entre el servicio penitenciario y las universidades del medio es plausible al derecho. Los antecedentes se remontan a los 80, cuando la Universidad de Buenos Aires (UBA) hizo convenios con reparticiones del Estado provincial para que los docentes concurran a los establecimientos carcelarios a dictar clases y los tribunales se constituyan en las sedes de las universidades o en el mismo penal para los exámenes finales. Recuerdo que uno de los impulsores de estos acuerdos fue Sergio Shoklender, entre otros varios internos condenados, más un grupo de docentes de la UBA.
La característica de los derechos humanos es que son progresivos, siempre se va avanzando en conquistas de nuevos derechos. Y, puntualmente en la cuestión que hace a la dignidad de las personas, el tema de resocializar a través del estudio sería una gran conquista.